Una nueva batalla ganada… (Parte 1)

El ministro Felipe Kast, cuando asumió al frente de Mideplan, envió un saludo a los funcionarios. Decía frases bonitas como:

“Lo necesito como protagonista de este desafío…”

“Quiero ser categórico: en Mideplan no habrá ninguna discriminación por color político, aquí lo único relevante es el profesionalismo y el compromiso social de todos nosotros…”

“De corazón, quiero invitarlos a compartir un sueño… convertir a Mideplan en el ministerio más querido de Chile…”

¿Se acuerda ahora de esas palabras, sr. Kast?

Cuando empezaron las desvinculaciones, tan temprano como abril del 2010 (curiosamente, impulsadas por el mismísimo ministro Kast, en el Fosis), la vocera de gobierno las justificaba aduciendo que todo gobierno necesita gente de confianza a su lado. Estamos de acuerdo: el círculo más cercano a cada autoridad, le debe lealtad y se obliga a brindar la seguridad necesaria para ejercer su rol, donde prima lo político sobre lo técnico. Esto siempre funcionará así, cualquiera sea el color político del gobierno de turno.

Pero los ministerios e instituciones del Estado cumplen roles técnicos, y los profesionales y los funcionarios de apoyo están para cumplir eficientemente esa labor técnica. Por eso, el gobierno, por boca del ministro de Hacienda, definió criterios para la desvinculación, cuando no se trataba de funcionarios de confianza de la autoridad institucional. En el marco de las negociaciones con la Anef, el sr. Ministro de Hacienda, mediante su oficio Nº 860 del 10 de agosto de 2010, oficializaba dichos criterios, específicamente para el cese de funciones del personal a contrata:

  • deficiente evaluación del desempeño del funcionario
  • reformulación o término de planes y programas
  • cambios en el perfil de los cargos
  • implementación de procesos de modernización

Veamos si se aplicaban esos criterios a mi caso.

  1. Cargo de confianza. Mi cargo es y ha sido desde un comienzo eminentemente técnico, jamás he asumido un cargo de jefatura de unidad o departamento. Por favor, no confundan con ostentar un cargo de confianza la cercanía que tuve con María Teresa, primero jefa de estudios y después seremi. Tal cercanía tuvo para mí más costos que beneficios. Mayor rigurosidad en los procesos anuales de calificaciones; más carga de trabajo, integrando equipos que debían sacar tareas que nadie más quería emprender; cohartado en mi derecho a expresar críticas, que se veían como deslealtad. A lo único que me negué sistemáticamente, fue de hacer puerta a puerta durante los periodos de campaña. (Aquí aparece la primera teoría conspirativa: me desvincularon anticipadamente por ser un colaborador cercano de la anterior seremi)  

     

  2. Calificaciones. Desde 1991 a 2009, estuve calificado en lista 1, con un promedio de nota sobre 6,5, promedio que mantuve en el primer informe de desempeño del periodo septiembre 2009 – agosto 2010. Luego que fuera notificado del término anticipado de mi contrato, recibí el segundo informe de desempeño del periodo indicado, la precalificación y posteriormente la calificación correspondiente, en todas ellas con un promedio de nota 4,5. No fueron considerados los descargos, reclamos ni apelaciones a las instancias correspondientes, ni el primer informe de desempeño del periodo, ni las anotaciones de mérito en mi hoja de vida, ni las capacitaciones cumplidas con éxito durante los meses evaluados. Cuando fui notificado del término de mi contrata, no se mencionó ni una palabra sobre mi evaluación y creo firmemente que las últimas evaluaciones fueron fabricadas para justificar mi desvinculación, opinión que manifesté en mis observaciones y apelaciones.

No se vayan, después de la pausa continuamos.


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Desalojo de la Serplac de La Araucanía

Está operando el desalojo en la Serplac en Temuco. Junto al funcionario cuyo contrato a honorarios finalizó a mediados de año y a los tres funcionarios que fuimos desvinculados en octubre, se notificó el martes pasado a otros ocho, cuyos servicios no serán requeridos más allá del 31 de diciembre (ver noticia aquí). Teniendo en cuenta la dotación original en 2010, esto significa dejar fuera a más del 40% de los funcionarios.

Pero el balance es más catastrófico. El total de desvinculados en 2010 son profesionales, y significa que la Serplac expulsa al ¡74%! de su dotación profesional. ¿Tiene ésto alguna lógica? La vocera dijo hace algunos meses que es legítimo que las jefaturas en un nuevo gobierno deseen trabajar con gente de su confianza. Pero ello no implica que sea razonable, justo ni eficiente reemplazar ¡un equipo completo!Se está pasando a llevar el estatuto administrativo, los derechos constitucionales, con el argumento de legitimidad de contar con gente de confianza.

El intendente regional ha argumentado en estos días que los despidos no alcanzan al 4% de los funcionarios activos durante 2010. Pero aquí estamos hablando de porcentajes de sobre 10 veces esa cifra.

El martes 30 de noviembre, martes negro para muchos funcionarios públicos, el seremi llamó a los funcionarios y funcionarias a contrata individualmente, para decirles si continuaban o no durante el 2011. Y al decirles que no se prorrogaba su contrata, intentaba dar una explicación de por qué esa persona era excluida. Parece que entre los seremis de las distintas regiones, coincidieron en dar explicaciones absurdas.

El seremi en Temuco no fue la excepción. Con algunos insistió en que él no era político, que no había asistido jamás a una reunión política. ¿Implicaba eso que el notificado era político? No supo aclararlo. Otra razón fue que el necesitaba trabajar con un equipo que pudiera responder a sus expectativas, “que prefiere trabajar con personas que den más”. Si no se logró aquello durante los siete meses que el seremi ha estado al mando, ¿fue culpa del equipo o de su mala dirección? Esos profesionales estuvieron cumpliendo eficientemente su tarea durante los gobiernos anteriores, ¿se volvieron deficientes justamente con el gobierno de Piñara?

Otras razones, de antología: “Que no quería tener problemas, como con Víctor y Mauricio <éste último, quien escribe>, que no quería que se judicializara el tema” A ver, ¿de qué estamos hablando? Si a mí me hubieran notificado el 30 de noviembre que mi contrato no se prorrogaba, yo no hubiera tenido más qué hacer. A la casa, tranquilo y sin chistar. Del momento en que, por el contrario, me notifican, en agosto, que daban término anticipado a mi contrata, Mideplan abrió el flanco. Tal es así, que la Corte de Apelaciones de Temuco acogió a trámite judicial un recurso de protección interpuesto contra el seremi por su arbitrariedad y atropello de mis garantías constitucionales. Si me atacan, respondo. Si no me atacan, ¿por qué habría de atacar a mi vez? Es Mideplan el responsable de la judialización del tema, no Lídice, ni Víctor, ni yo.

Otra razón esgrimida por el seremi: “Que <el equipo de la unidad social> había celebrado el cumpleaños de <la coordinadora de la unidad> a puertas cerradas, mientras que <nombre de profesional de la unidad de inversiones> había convidado torta a todos. O sea, el compartir o no compartir una torta marca la diferencia entre un  buen funcionario y un funcionario prescindible. Curioso criterio.

Así pudiera seguir con una treintena de excusas creadas en el momento por el seremi, para justificar lo injustificable, para desprenderse de años de experticia, de años de capacitación, diezmando equipos que ya estaban afiatados, para reemplazarlos por equipos de incierto rendimiento, que se van a integrar al mundo del aparato público, desconocido para ellos, por ser tan diferente al mundo privado.

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En el primer round, Desvinculados 1, Mideplan 0.

A pesar de todos los argumentos esgrimidos por Mideplan, la 2ª Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, acordó la siguiente resolución:

“Resolviendo derechamente otrosí de fojas 48: Según lo resuelto con fecha cuatro de octubre del año dos mil diez, ocasión en que se concedió orden de no innovar en estos autos, y en atención a lo solicitado en esa oportunidad, la recurrida deberá reintegrar en sus funciones y en las mismas condiciones laborales y remuneracionales a los recurrentes don César Mauricio Olivares Leiva y Víctor Hugo Bravo Miranda, dentro del plazo de 5 días, bajo apercibimiento de aplicar alguna de las sanciones señaladas en el numeral 15 del Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección. Ofíciese.”

El numeral 15 mencionado, dice:

“15º Si la persona, el funcionario o el representante o Jefe del Órgano del Estado, ya tenga éste la calidad de titular, interino, suplente o subrogante, o cualquiera otra, no evacuare los informes o no diere cumplimiento a las diligencias, resoluciones y sentencias dentro de los plazos que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema ordenaren, conforme a lo establecido en este Auto Acordado, podrán éstas imponer al renuente, oyéndolo o en su rebeldía alguna o algunas de las siguientes medidas:

a) amonestación privada;

b) censura por escrito;

c) multa a beneficio fiscal que no sea inferior a una unidad tributaria mensual ni exceda de cinco unidades tributarias mensuales;y

d) suspensión de funciones hasta por cuatro meses, tiempo durante el cual el funcionario gozará de medio sueldo. Todo ello además de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir dichas personas.”

Es para largo aún. No hay vencedores ni vencidos hasta ahora. The show must go on.

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Aún en la lucha

El sr. Bustos recibió un nuevo oficio de la Corte, reiterando la orden de no innovar, esta vez con apercibimiento de las sanciones correspondientes. Pero no, desconoce la orden judicial y se niega a reincorporarme mientras se tramita el recurso de protección. Ud, sabrá lo que hace, sr. Bustos, pero acuérdese que es sin llorar.

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¿El ADN de la dictadura en el gobierno de Piñera?

Cuando leas esto, ten presente lo que sigue: Para nada yo creo en las “teorías conspirativas” que andan circulando por allì, y que algunos juran que son la pura y santa verdad, las dan por hecho y las difunden a través de cadenas de correo. Esas teorías incluyen desde grupos financiados por la CIA, hasta experimentos que provocan terremotos, pasando por ocultamiento de actividades extraterrestres.
Cierra paréntesis. Tratando de adivinar por qué el gobierno de Piñera me quiere afuera de la administración pública, he barajado una serie de alternativas: ¿soy flojo, soy viejo, soy feo, quizás? Si es así, ¿por qué no me lo han dicho, sino que inventan pretextos para justificar mi “desvinculación” anticipada?
Veamos los hechos: en 1973, estaba trabajando en Odeplan, en la Oficina Regional de Planificación en Copiapó. Después del golpe, mi jefe fue tomado preso, invitado gentilmente por el Intendente interventor, y poco después, fue víctima de la Caravana de la Muerte en su nefasto paso por la ciudad. Mi otro colega, cuñado de mi jefe, fue preso y después exiliado, y ha estado trabajando todos estos años por lograr justicia por aquella muerte, en USA. Yo, fui exonerado, por decreto del mismísimo dictador, y marginado de la administración pública por 17 años. ¿Es esto lo que me marca, después de casi 40 años? ¿Son estos los datos de inteligencia que manejan en la Subsecretaría de Mideplan? Como dije, no soy muy dado a ver conspiraciones en todas partes ni soy demasiado paranoico, pero no encuentro otra explicación lógica. En todo caso, sea cual sea el motivo, no veo por qué no transparentarlo.
Pensé en titular este posteo “resabios de la dictadura…”, pero veo en el actuar de la actual administración más que sólo resabios, y no sólo referido a mi caso. Para mí, esto es  claramente una Dictadura 2.0.

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¿Es de justicia…?

Al escribir esto, me doy cuenta de la autocensura que está presente, no sé quién va a leerlo y qué consecuencias pueda tener, no para mí, sino para otros. A mí, aparte de dejarme sin trabajo, ¿qué otra cosa podrían hacerme?

El jueves fue presentado, en la Corte de Apelaciones de Temuco, un recurso de amparo en contra del Seremi de Serplac de La Araucanía, por las arbitrariedades cometidas en contra de mis colegas y de mí. De acuerdo al recurso, se han violentado derechos constitucionales: el derecho a propiedad y el derecho a la no discriminación.

Algunos, al interior de la Serplac, dicen que el Sr. Bustos actuó en contra de nosotros, porque así se lo exigió el Ministerio. ¿Exculpa eso al Sr. Bustos? ¿Quién dio nuestros nombres al nivel central?

La Corte acogió la admisibilidad del recurso y emitió orden de no innovar, esto es, mientras se tramita, se nos debe restituir nuestro trabajo.

Es extraño volver al trabajo en las actuales circunstancias de la Serplac. Tengo el cariño de muchas/os de mis colegas. En especial de mis compañeros de camino, que incluye alegrías y  penurias. Pero el ambiente general está enrarecido y, por otra parte, no me están derivando las tareas que solía hacer. Claro, si el Sr. Bustos dice que soy prescindible, no me va a dar trabajo que lo desmienta.

¿Por qué estoy en esta pelea? El máximo de tiempo que puedo ganar son los tres meses que me faltan para el contrato original, que caduca el 31 de diciembre. El mínimo son el mes o algo más que dure el proceso. Igual no me van a volver a contratar, aunque gane. Es un asunto de dignidad, de no quedarme tranquilo porque han pisoteado mis derechos, por la arbitrariedad de la acción emprendida por Mideplan contra mí. Podría estar tranquilo, planificando mi futuro, no soportando ver caras hoscas, ni siendo sometidos a las presiones porque me vaya, evitándome todo el lío judicial. Es el costo de recuperar la dignidad, de decir a esta gente, “no pueden hacer lo que quieran conmigo y quedarse tan tranquilos”. Es el costo de volver a tener la cercanía y el cariño de los que aún me quieren en la Serplac. Es un costo que vale la pena pagarlo.

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De desvinculaciones, despidos, persecución…

Una vez más, el Seremi de Serplac de La Araucanía, Fernando Bustos Benassi, realiza una acción persecutoria contra mi persona. A la notificación de “desvinculación” (ver noticia aquí), el Seremi agrega ahora un informe de precalificación del periodo septiembre 2009 – agosto 2010 denigrante y sesgado, sin base objetiva.

Cuando Bustos me notificó del cese anticipado de mi contrata, me dio unas vagas razones de “reestructuración”.  Ahora pareciera que quiere justificar mi despido con razones de evaluación, que es una de las causas que está esgrimiendo la actual administración para dejar fuera a tantos funcionarios públicos.

Bustos me está precalificando (y antes emitió el tercer informe de desempeño) como jefe directo, en circunstancias que con él mi relación ha sido sólo tangencial, y mi vinculación permanente con la jefatura de la Serplac ha sido a través del Coordinador de Inversiones, y esporádicamente, a través del jefe de estudios interino.

Al precalificarme, sólo tiene en cuenta el periodo parcial de abril a agosto, y desconoce el primer y segundo informe de desempeño, y las anotaciones de mérito en mi hoja de vida para el periodo calificado. Desconoce además la experticia que he desarrollado durante 17 años en el Sistema Nacional de Inversión, perfeccionada a través de la práctica y de capacitaciones,  la más importante de ellas constituida por un exitoso desempeño en el Diploma en Evaluación de Proyectos, ex CIAPEP, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, el año 2006.

La actitud de Bustos está adquiriendo carácter de acoso laboral, pues la calificación con que pretende evaluarme me restará posibilidades en la eventual postulación a otro cargo en la administración pública.

¿Es acaso ese el espíritu de unidad nacional que está impulsando el gobierno? Sus hechos hablan más fuerte que sus palabras.

(Actualización al 30 de septiembre de 2010)

Un nuevo capítulo en esta historia. Mediante Res. Nº 223 del 24 de agosto de 2010, el Sr. Kast pone término a las contratas de mis dos colegas, Lídice y Víctor, y la mía. Esa resolución expresa que el Ministerio ha decidido poner término a nuestros contratos, después de ocupar más de dos páginas de considerandos, donde se argumenta que en nuestros contratos se debe entender incorporada la frase “mientras sean necesarios sus servicios“, aunque en la resolución original se omita.

Sin embargo,  ello se contradice  inmediatamente, cuando se le solicita a Lídice que realice una inducción con la periodista que Serplac está contratando, indicándole cuáles son sus funciones. Bueno, ¿son o no necesarios los servicios de Lídice? Por extensión, ¿son o no son necesarios los servicios de Víctor y los míos, o la Serplac va a requerir contratar nuevos funcionarios que realicen las funciones que nosotros hacíamos?

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